DISTRIBUIDORAS DE
CARTÓN
Revelan corrupción impune en el Ministerio de Ambiente
Según información del portal de Guatecompras, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales adjudicó, en 2019, Q3 millones 432 mil 346 en compras anómalas a tres empresas por insumos agroindustriales.
Este reportaje de investigación se realizó como un trabajo de graduación universitario con el propósito de aportar cifras sobre la magnitud de la sobrevaloración y mostrar un modelo frecuente de corrupción por parte de algunos proveedores del Estado.
Por: Valeria Barillas
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En 2019, durante el periodo del exministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo, el ministerio a su cargo eligió y pagó a tres empresas de reciente formación Q3 millones 432 mil 346 para comprar herramientas de ferretería, pilones y fertilizantes. Suministros destinados a los beneficiarios del proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático en el departamento de Quiché. En los tres casos, las direcciones comerciales coinciden con una casa particular, una cafetería y un predio vacío, en los cuales los propietarios o inquilinos afirman que dichas empresas no se ubican ahí. Los negocios reportaron domicilios falsos que ninguna autoridad supervisa, según una investigación de campo realizada durante seis meses.
En la búsqueda por ubicar las empresas, se descubrió que dos de ellas están registradas en áreas populares de la ciudad de Guatemala. Una se encontró en el Centro Histórico y la segunda en la colonia Castillo Lara. La tercera no fue localizada, la dirección es un campo baldío ubicado en la zona 4 de la ciudad de Huehuetenango.
Las distribuidoras después de creadas se convirtieron en proveedoras del Estado. Según la investigación, los productos proporcionados al proyecto fueron sobrevalorados en Q1 millón 876 mil 614.19 en relación con los precios del mercado. Las compras se adjudicaron bajo las modalidades de baja cuantía y compra directa con el fin de aprovechar la agilidad de estas transacciones.
De acuerdo con Irene Flores, consultora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y experta en la Ley de Contrataciones, estas modalidades están establecidas en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para facilitar procesos.
“Se utilizan para satisfacer una necesidad legítima o beneficiar proveedores, pago de favores políticos y proporcionar plazas fantasmas”, aseguró.
Se visitaron tres ferreterías del país con el propósito de cotizar las herramientas compradas a Difer y determinar si los productos estaban sobrevalorados. Se estima que, de los Q337 mil 385 comprados a la distribuidora, se pudo haber economizado alrededor de Q132 mil 640.42.
Manfredo Marroquín
Fundador de Acción ciudadana
“Cualquier fondo, no importa que naturaleza tenga, todos terminan cayendo en una red de captura de las decisiones y recursos del Estado”.
Foto: cortesía de Manfredo Maroquín
Distribuidoras de cartón parte 01
La crisis del cambio climático en Guatemala es el pretexto para crear empresas de fachada y sustraer recursos del Estado.
Edición: Josué Ramírez
Entre los proveedores elegidos para surtir otros proyectos financiados por la Cooperación Alemana se encuentran dos empresas más con un historial cuestionable. Ambas ubicadas en Jocotán, Chiquimula.
La primera es la Asociación de Semilleristas de Jocotán que tuvo reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas. La auditoría realizada en 2016 determinó que no hubo transparencia en el manejo y ejecución de fondos públicos otorgados a esa institución para la construcción de un centro de acopio. A pesar de ello, en 2020 fue seleccionada para surtir al Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Corredor Seco de Guatemala con semillas por un monto de Q.405 mil 569.
La segunda es Agroferretería Maconel, quien ha sido mencionada en varias notas periodísticas por vender productos con sobreprecio y fuera de su giro de negocio. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales favoreció a esta compañía con la compra de fertilizantes por un monto de Q. 1 millón 470 mil 320.
“Hay casos graves en Guatemala, donde proveedores señalados por corrupción siguen proveyendo al Estado, debido a que no se aplica el proceso administrativo para sancionar con inhabilitación o muerte administrativa, por lo menos, para evitar que reciban más contrataciones” , aseguró Edie Cux, director de Acción Ciudadana.
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Según el Acuerdo Ministerial de Presupuesto 127 – 129, la Contraloría General de Cuentas es la responsable de fiscalizar los ingresos, los egresos y el control externo y financiero del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático. Además, el convenio establece que la Contraloría es el ente encargado de emitir las sanciones conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala.
Sin embargo, los hallazgos de la entidad se limitaron a señalar la falta de facturas de Distribuidora San Rafael. Las cuales fueron publicadas en el portal de Guatecompras nueve meses después de realizadas las adquisiciones.
El tipo de proveedor, el domicilio registrado y la calidad del gasto son cuestiones que la institución no audita o lo hace pero de forma superficial.
“La Contraloría no hace, aunque debería hacer verificaciones integrales de los procesos, es decir, verificar si se alcanzaron los objetivos de los proyectos. Sus auditorías son procedimentales, está es su gran falencia. Los auditores solo revisan que el expediente lleve todas las firmas, todas las copias y que sea publicado en Guatecompras, por eso las auditorías no son de calidad”, afirmó Irene Flores, consultora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y experta en la Ley de Contrataciones.
El contralor es electo por el Congreso, por lo que existen posibilidades de ejercer presiones para cambiar las decisiones o los dictámenes.
“La Contraloría no juega el papel que la constitución señala y que la población espera, un ente que fiscalice la calidad del gasto público y básicamente está siendo hoy utilizada como un mecanismo para perseguir a las personas que por una u otra circunstancia no son afines a sus intereses o a las personas que hacen llegar al contralor al poder”, asegura Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos.
Cada proveedor fue rastreado en:
- Registro Mercantil de Guatemala
- Portal de contribución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
- Guatecompras
- Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE)
- Portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
- Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI)
- Registro Nacional de las Personas (RENAP)
- Portal de afiliados de partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Edgar Ortiz
Director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo
“Una empresa de cartón es una entidad que existe legalmente porque se cumplen todos los pasos legales para registrarla, pero en la práctica, no funciona como una empresa”.
Foto: cortesía de Edgar Ortiz
En los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2019, Guatemala se posicionó en el lugar 146 de los 180 países evaluados y obtuvo una calificación de 26 sobre 100.
La Ley de Contrataciones del Estado, creada en 1992, tiene como objetivo regular las compras y contrataciones de obras, servicios y bienes, realizadas con fondos públicos y busca reducir la corrupción que se da en los negocios con el Estado.
Nineth Montenegro, exdiputada de Encuentro por Guatemala, indica que en 2015 esta ley fue reformada para mejorar la transparencia del gasto público. “Se creó el concepto de compra de baja cuantía hasta Q.25 mil y la compra directa se redujo de Q900 mil a hasta Q90 mil. Se implementó este cambio porque antes los ministerios realizaban compras diarias de Q900 mil por cualquier cosa. Existía una corrupción escandalosa debido a que la compra directa viene a ser muy parecida a la compra por excepción”.
En febrero de 2020, la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam) propuso una iniciativa de ley con el objetivo de incrementar los montos de baja cuantía y compra directa. En la primera modalidad se busca incrementar de Q25 mil a Q100 mil y en la segunda forma el monto ascendería de Q90 a Q200 mil.
“Las adquisiciones por medio de baja cuantía y compra directa son muy vulnerables al fraude, por ejemplo, vía empresas de cartón. Por eso los montos deben mantenerse bajos”, asegura Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
El programa es financiado por la Cooperación Alemana por medio del banco de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). Según su sitio web, desde 1978 el Gobierno de Alemania ha financiado proyectos en Guatemala. El apoyo se distribuye en tres áreas principales: educación, gobernabilidad democrática y medio ambiente.
Guatemala solicitó apoyo a Alemania en el área ambiental y propuso un canje de deuda. En conjunto crearon un proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en las zonas más pobres del país. Una de las regiones beneficiadas es el departamento de Quiché con sus municipios Zacualpa, San Pedro Jocopilas, San Andrés Sájcabajá, Sacapulas, San Bartolomé Jocotenango y Canillá. En 2017, ambos gobiernos firmaron el convenio por un monto de 10 millones de euros.
Manuel Lorenzana, representante local de KFW, indicó que el MARN cuenta con seis años para efectuar todo el proyecto. Sin embargo, la ejecución de los dos primeros años fue baja y alcanza alrededor de un millón de euros.
“En este momento hubiéramos esperado poder condonar el doble, pero se entiende que todo principio de proyecto es lento”, agregó.
Según Lorenzana, la poca ejecución se debe a la rigidez del Ministerio de Finanzas (MINFIN) para mantener el nivel de gasto dentro de los parámetros del presupuesto preliminar elaborado hace diez años. Hubo rubros que no se incluyeron en el estimado inicial, como el costo de la auditoria externa. Guatemala absorbió ese gasto y otros adicionales que ascendieron entre el 10% y 20% de lo ejecutado.
El Banco de Desarrollo KFW solicita hacer una auditoría externa anual al programa. ”Cada año se realiza un informe contable y de acuerdo con los resultados se determina que gastos son elegibles y se condonan”, indicó Lorenzana. Los resultados no son de acceso público por ser propiedad del proyecto.
Edie Cux
Director de Acción Ciudadana
“La Contraloría General de Cuentas es una institución obsoleta que ya no cumple con su función constitucional”.
Foto: cortesía de Edie Cux
Cambio climático y sus efectos en Guatemala
Guatemala se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático. De acuerdo con Mapplecroft es el cuarto país más sensible de la región. Solo superado por Haití, República Dominica y El Salvador. La vulnerabilidad está ligada a la pobreza, la desigualdad, los bajos índices de salud, la educación y la distribución de los recursos productivos.
Según un reporte del cambio climático de Guatemala publicado por SGCCC el 24% del Producto Interno Bruto depende de la agricultura, a pesar de ello, 7 de cada 10 hogares que se dedican a esta actividad viven en pobreza. Además, el 47% de los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica.
“La región sur de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango reciben aproximadamente un metro de lluvia al año. No están en un área totalmente seca, pero están en el límite. Lo que ocurre en estas regiones es que tiene mucha población, por lo que son las más pobres de todo el país”, indicó Edwin Castellanos, director del Observatorio Económico Sostenible.
Para mitigar esta situación, el acuerdo busca que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales invierta estos fondos en programas que faciliten el acceso al agua por medio de técnicas que impidan la degradación del suelo. También se busca aumentar la productividad de los agricultores para que logren mejores productos y acceso a mercados.
Según la Ley de Partidos Políticos los requisitos para ser inscrito como candidato en un partido son presentar un finiquito de la Contraloría General de Cuentas, antecedentes penales y policiacos recientes.
Rodolfo Neutze, diputado por el partido Creo, indicó los requisitos para ser inscrito como candidato en el partido al que pertenece: “Se piden los requisitos de ley, pero se le da énfasis a las recomendaciones de conocidos que puedan dar fe que convive en la iglesia o en el equipo de fútbol. Confiamos en el poder local, la gente sabe quién es el bueno y quién es el malo de su pueblo, entonces una persona pícara no va a caminar con nuestros afiliados y por lo tanto no va a llegar a ser nuestro candidato, aunque siempre pueden haber sorpresas”.
“En teoría los partidos políticos deberían ser muy escrupulosos en la búsqueda de sus candidatos, pero en la práctica el 95% no tiene un nivel de adhesión con sus dirigentes. El representante a cargo de elección en los municipios usualmente no forma parte del partido. Lo que tiene son recursos ya sea adquiridos de forma legal o ilegal”, asegura Renzo Rosal, politólogo.
Besnier Juárez Veliz perteneció al partido Creo en 2011 y participó como candidato para alcalde de El Jícaro, El Progreso. En la actualidad ya no se encuentra afiliado, por lo que Creo se desligó del actuar de su exdirigente.
“Yo no puedo emitir una opinión de una persona que no conozco, pero seguro no está en el partido porque de lo contrario no podría realizar las actividades a las que se dedica ahora”, agregó Neutze.
“El sistema político en Guatemala funciona como una organización de franquicias. Yo les llamo empresas electorales, porque no son partidos políticos. Son grupos que se organizan para llegar al poder, pero cuya agenda básicamente es la búsqueda de una renta y de usar los contactos con el Estado para extraer recursos. Yo diría que esa es la lógica de funcionamiento de casi todos los partidos políticos”, afirmó Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana.
Dentro de las reformas realizadas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado en 2015 se estableció una serie de prohibiciones en relación con quienes pueden ser proveedores y contratistas del Estado.
Una de ellas es que los funcionarios y los empleados públicos que estén ejerciendo su cargo, al igual que sus cónyuges, no podrán ser suplidores con la excepción de las personas que sean contratadas bajo el renglón 029. Este apartado del presupuesto está destinado para emplear a consultores que no son trabajadores gubernamentales.
El propietario de la Distribuidora Agrovet MH, Mario Montepeque Martínez, se encuentra contratado bajo este renglón por la CONRED.
“Con los contratos 029 no es necesario hacer un concurso porque los montos salariales no lo ameritan. Se eligen de forma directa, por eso son tan populares. En la práctica significa que son asesores entonces no tienen horario. No son técnicamente empleados, pueden ser asesores en otras dependencias, tener otras ocupaciones y al mismo tiempo puede ser propietarios una empresa”, indicó Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo.
Según su página web, el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) se creó dentro de las reformas del Decreto 9-2015 y su finalidad es evaluar y aprobar a las personas individuales y jurídicas para poder ser habilitadas como contratistas o proveedoras del Estado.
Días después de constituidas la Distribuidora San Rafael y Agrovet MH fueron aceptadas en el RGAE. La papelería presentada bastó para convertirse en un suplidor del Estado. Difer nunca se inscribió en el registro, a pesar de venderle al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
En 2019, la empresa San Rafael tuvo dos omisos en la SAT por no presentar sus declaraciones de impuestos y no actualizar su RTU. En la última revisión ambas situaciones fueron corregidas. Uno de los requisitos para formar parte del RGAE es no tener ningún omiso o incumplimiento con la SAT.
