· · · · · · Introducción

En 2019, durante el periodo del exministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo, el ministerio a su cargo eligió y pagó a tres empresas de reciente formación Q3 millones 432 mil 346 para comprar herramientas de ferretería, pilones y fertilizantes. Suministros destinados a los beneficiarios del proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático en el departamento de Quiché. En los tres casos, las direcciones comerciales coinciden con una casa particular, una cafetería y un predio vacío, en los cuales los propietarios o inquilinos afirman que dichas empresas no se ubican ahí. Los negocios reportaron domicilios falsos, que ninguna autoridad supervisa según una investigación de campo realizada durante 6 meses.

En la búsqueda por ubicar las empresas, se descubrió que dos de ellas están registradas en áreas populares de la ciudad de Guatemala. Una se encontró en el Centro Histórico y la segunda en la colonia Castillo Lara. La tercera no fue localizada, la dirección es un campo baldío ubicado en la zona 4 de la ciudad de Huehuetenango.

Las distribuidoras después de creadas se convirtieron en proveedoras del Estado. Según la investigación, los productos proporcionados al proyecto fueron sobrevalorados en Q1 millón 861 mil 241.39 con relación a los precios del mercado. Las compras se adjudicaron bajo las modalidades de baja cuantía y compra directa aprovechándose de la agilidad de estas transacciones.

De acuerdo con Irene Flores, consultora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y experta en la Ley de Contrataciones, estas modalidades están establecidas en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para facilitar procesos. “Se utilizan, para satisfacer una necesidad legitima o beneficiar proveedores, pago de favores políticos y proporcionar plazas fantasmas”, aseguró.

Se utilizan, para satisfacer una necesidad legitima o beneficiar proveedores, pago de favores políticos y proporcionar plazas fantasmas, aseguró.

· · · · · · Distribuidoras exprés
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La pintura de la entrada de la casa está oscurecida por la suciedad y unas rejas protegen la angosta entrada. Para ser atendido es necesario tocar la puerta o alzar la voz, debido a que el espacio que ocupaba el timbre hoy es solo un agujero. Al asomar la cabeza en el interior se puede observar un mostrador y al fondo una pequeña cocina. No hay herramientas, anaqueles o una bodega en la 5 calle 8-33 “A” zona 1, a dos cuadras y media del Palacio Nacional de la Cultura.

Esta es la sede registrada en la patente de comercio No. 115081 de Difer inscrita bajo el número de Registro 226436, Folio 169, Libro 188 de Empresas Mercantiles, la cual fue modificada en noviembre de 2019, un mes antes de ser elegida como proveedora del Estado. Se le adjudicaron Q337 mil 385, producto de 14 compras de baja cuantía que realizó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con su objeto social se dedica a la compra, venta y distribución de productos ferreteros. Sin embargo, según su inscripción de comerciante individual, en el inicio, la compañía tenía el nombre comercial de Apadegua. Se ubicaba en El Jícaro, El Progreso y su finalidad comercial era la compra y venta de materia prima de alimento para animales.

Al buscar el domicilio reportado se encontró que el sitio está ocupado por Las Mil Boquitas, un servicio de banquetes.

“¿Difer?, no, aquí son Las Mil Boquitas”, dijo una de las empleadas de la cafetería.

A la dependiente del servicio de comida le sorprendió escuchar que la cafetería es la dirección de una ferretería. Regresa junto con sus compañeras para preguntar si alguien conoce Difer. Al volver aseguró que en ese sitio no se almacena ninguna herramienta de construcción y dijo desconocer donde queda la compañía.

Se constituyó en septiembre de 2019. Un mes después se le adjudicaron Q806 mil 950 a través de 9  compras directas de pilones de diversas variedades realizadas por el MARN. En los siguientes meses del año le compraron por medio de la modalidad de baja cuantía Q198 mil 560 adicionales por fertilizantes, pesticidas y fletes.

De acuerdo con su patente de comercio, se trata de una empresa dedicada a la compra, venta y distribución de cualquier producto relacionado con la agricultura, veterinaria y maquinaria agroindustrial.

Su dirección es la 10 ave. 12-08 zona 7, colonia Castillo Lara en la ciudad de Guatemala. El sitio corresponde a una casa particular con techo de lámina y paredes de adobe.

En el domicilio vive un anciano, quien afirmó que la empresa no se encuentra en ese sitio. “¿Le dijeron que era aquí?, talvez se equivocaron de dirección”, agregó. Luego de repetir la ubicación de su residencia para corroborar que era correcta, aseguró que Agrovet no se encuentra en el lugar. Mencionó que él se dedica a prestar servicios de fletes con un pickup antiguo estacionado frente a su casa.

Agrovet continúa siendo elegida como proveedora del MARN. En septiembre de 2020, se le adjudicaron Q159 mil por la compra de 5 mil 500 pilones de aguacate.

Se creó en junio de 2019. Se le adjudicaron Q2 millones 89 mil 451 a través de 24 compras por pilones de café, árboles frutales y forestales, apenas 40 días después de su constitución.

Para resultar elegida presentó la documentación solicitada. Incluyeron cartas de recomendación escritas por personas que dicen representar asociaciones campesinas. En las cartas aseguran que por varios años le compraron a la propietaria, a pesar que la empresa es de reciente formación.

Su patente de comercio indica que se dedica a la compra y venta de mercadería relacionada con la agricultura. En agosto de 2019 ofertó junto con Agrovet MH en otro evento organizado por el Ministerio de Ambiente y publicado en Guatecompras.

Se borró párrafo

 Su dirección comercial es El Terrero, zona 4 de la ciudad de Huehuetenango, frente al Hotel Premier. Se trata de un predio vacío en el que no hay ninguna construcción o rótulo que indique que ahí exista la compañía. 

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· · · · · · Otros proveedores cuestionables

Entre los proveedores del proyecto se encuentran dos empresas más con un historial cuestionable. Ambas ubicadas en Jocotán, Chiquimula.

La primera es la Asociación de Semilleristas de Jocotán que tuvo reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas. La auditoría realizada en el 2016 determinó que no hubo transparencia en el manejo y ejecución de fondos públicos otorgados a esa institución para la construcción de un centro de acopio. A pesar de ello, en el 2020 fue seleccionada para surtir al proyecto canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático con semillas por un monto de Q.405 mil 569.

La segunda es Agroferretería Maconel, quien ha sido mencionada en varias notas periodísticas por vender productos con sobreprecio y fuera de su giro de negocio. El Ministerio de Ambiente favoreció a esta compañía con la compra de fertilizantes por un monto de Q. 1 millón 470 mil 320.

Hay casos graves en Guatemala, donde proveedores señalados por corrupción siguen proveyendo al Estado, debido a que no se aplica el proceso administrativo para sancionar con inhabilitación o muerte administrativa, por lo menos, para evitar que reciban más contrataciones, aseguró Edie Cux, director de Acción Ciudadana.

• • • • Controles de papel

Según el Acuerdo Ministerial de Presupuesto 127 – 129, la Contraloría General de Cuentas es la responsable de fiscalizar los ingresos, egresos, control externo y financiero del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático. Además, el convenio establece que la Contraloría es el ente encargado de emitir las sanciones conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

Sin embargo, los hallazgos de la entidad se limitaron a señalar la falta de facturas de la Distribuidora San Rafael. Las cuales fueron publicadas en el portal de Guatecompras 9 meses después de realizadas las adquisiciones.

El tipo de proveedor, el domicilio registrado y la calidad del gasto son cuestiones que la institución no audita o hace de forma superficial.

“La contraloría no hace, aunque debería hacer verificaciones integrales de los procesos, es decir, verificar si se alcanzaron los objetivos de los proyectos. Sus auditorías son procedimentales, está es su gran falencia. Los auditores solo revisan que el expediente lleve todas las firmas, todas las copias y que sea publicado en Guatecompras, por eso las auditorías no son de calidad.” afirmó Irene Flores, consultora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y experta en la Ley de Contrataciones.

El contralor es electo por el Congreso, por lo que existen las posibilidades de ejercer presiones para cambiar las decisiones o dictámenes.

“La Contraloría no juega el papel que la constitución señala y que la población espera, un ente que fiscalice la calidad del gasto público y básicamente está siendo hoy utilizada como un mecanismo para perseguir a las personas que por una u otra circunstancia no son afines a sus intereses o a las personas que hacen llegar al contralor al poder”, asegura Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos.

· · · · · · Audio Edgar Ortiz
· · · · · · Se busca manipular el control de la Ley de Compras

En los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción del 2019, Guatemala se posicionó en el lugar 146 de los 180 países evaluados y obtuvo una calificación de 26 sobre 100.

 La Ley de Contrataciones del Estado creada en 1992 tiene como objetivo regular las compras y contrataciones de obras, servicios y bienes realizadas con fondos públicos y busca reducir la corrupción que se da en los negocios con el Estado.

Nineth Montenegro, exdiputada de Encuentro por Guatemala, indica que en el 2015 esta ley fue reformada para mejorar la transparencia del gasto público. “Se creó el concepto de compra de baja cuantía hasta Q.25 mil y la compra directa se redujo de Q900 mil a hasta Q90 mil. Se implementó este cambio porque antes los ministerios realizaban compras diarias de Q900 mil por cualquier cosa. Existía una corrupción escandalosa debido a que la compra directa viene a ser muy parecida a la compra por excepción”.

En febrero del 2020, la Asociación Nacional de municipalidades de la República de Guatemala (Anam) propuso una iniciativa de ley con el objetivo de incrementar los montos de baja cuantía y compra directa. En la primera modalidad se busca incrementar de Q25 mil a Q100 mil y en la segunda forma el monto ascendería de Q90 a Q200 mil. 

“Las adquisiciones por medio de baja cuantía y compra directa son muy vulnerables al fraude, por ejemplo, vía empresas de cartón. Por eso los montos deben mantenerse bajos”, asegura Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). 

· · · · · · ¿De dónde viene el dinero?

El programa es financiado por la Cooperación Alemana por medio del banco de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). Según su sitio web, desde 1978 el Gobierno de Alemania ha financiado proyectos en Guatemala. El apoyo se distribuye en tres áreas principales: educación, gobernabilidad democrática y medio ambiente.

Guatemala le solicitó apoyo a Alemania en el área ambiental y propuso un canje de deuda. En conjunto crearon un proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en las zonas más pobres del país. Una de las regiones beneficiadas es el departamento de Quiché con sus municipios Zacualpa, San Pedro Jocopilas, San Andrés Sájcabajá, Sacapulas, San Bartolomé Jocotenango y Canillá. En el 2017, ambos gobiernos firmaron el convenio por un monto de 10 millones de euros.

Manuel Lorenzana, representante local de KFW, indicó que el Ministerio de Ambiente cuenta con 7 años para efectuar todo el proyecto. Sin embargo, la ejecución de los dos primeros años fue baja y alcanza alrededor de un millón de euros. 

“En este momento hubiéramos esperado poder condonar el doble, pero se entiende que todo principio de proyecto es lento”, agregó.

Según Lorenzana la poca ejecución se debe a la rigidez del Ministerio de Finanzas (MINFIN) para mantener el nivel de gasto dentro de los parámetros del presupuesto preliminar elaborado hace 10 años. Hubo rubros que no se incluyeron en el estimado inicial como el costo de la auditoria externa. Guatemala absorbió ese gasto y otros adicionales que ascendieron entre el 10% y 20% de lo ejecutado.

El Banco de Desarrollo KFC solicita hacer una auditoría externa anual al programa. ”Cada año se realiza un informe contable y de acuerdo con los resultados se determina que gastos son elegibles y se condonan”, indicó Lorenzana. Los resultados no son de acceso público por ser propiedad del proyecto.

· · · · · · Audio Edie Cux
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Besnier Ottoniel Juárez Véliz
Propietario de Difer y Las Mil Boquitas

Nació el 26 de septiembre de 1976 en El Jícaro, El Progreso, y es perito en Administración Pública. En el 2011, se postuló como candidato a alcalde de su municipio con el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), pero fue derrotado por Francisco Mejía Flores del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

En 2015, la Contraloría General de Cuentas reveló en una auditoría que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le otorgó un crédito por Q100 mil para implementar un plan de riego en 2007. Del préstamo, solo canceló Q40 mil y no hubo evidencia de que se realizara la gestión de cobro del resto del capital.

En el portal de contribución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aparece como empleado de Sury Evelyn Callejas, de mayo 2015 a octubre 2019. Su siguiente empleo fue con la empresa Juárez Callejas y Asociados, de octubre 2019 a febrero 2020.  Esta firma indica en su página web que se dedica a asesorar y defender empresas que tienen conflictos con la SAT.

Liseth Flores, esposa de Juárez Veliz, publicita los servicios de Las Mil Boquitas en su cuenta de Instagram. Difer no tiene una página web ni cuentas en redes sociales.

Mario Fernando Montepeque Martínez
Propietario Distribuidora Agrovet MH

Tiene 44 años de edad y afirmó que reside en la 10 ave. 12 – 08 zona 7, colonia Castillo Lara de la ciudad de Guatemala. De acuerdo con la solicitud de inscripción de empresa individual su profesión es comerciante. Sin embargo, presta servicios como asesor técnico de la CONRED bajo el renglón 029, según el contrato No. 266-029-2020.

Con base en los informes de trabajo remitidos por esta institución, se determinó que Montepeque Martínez tiene la función de inspeccionar que el personal de CONRED use su mascarilla en el horario laboral, revise el estado de los vehículos, verifique el estado y las fechas de vencimiento de los alimentos almacenados en las bodegas, entre otras funciones. Los honorarios devengados por sus servicios desde febrero  hasta 31 de diciembre del 2020 alcanzarán los Q.84 mil 689 según el portal de Guatecompras. 

Según Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, el renglón 029 se puede prestar para fraude porque se puede contratar personal que no tiene las capacidades para desempeñar el puesto al que aspiran obtener. “Este renglón puede usarse para evitar los controles de la Ley de Servicio Civil. Esta ley está diseñada para que las personas trabajen en función de la entidad y no en su beneficio personal”, agregó.

Carlos Walfre Lorenzo Mont
Gerente general de Distribuidora San Rafael

Originario de Huehuetenango, nació el 26 de julio de 1976. Según su acta de nacimiento en el pasado utilizó tres nombres: Walfre Lorenzo Miguel Andrés, Walfre Lorenzo Mont y Carlos Walfre Lorenzo Mont. La partida de nacimiento hace constar que a partir del 12 de noviembre de 1991 se identificó solo como Carlos Walfre Lorenzo Mont.

Participó en las elecciones de 2019 como candidato a concejal dos en Barillas, Huehuetenango, con el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Miembro de la misma planilla donde se encontraba Angelina León Mateo, su esposa y propietaria de Distribuidora San Rafael.

“Es frecuente que los candidatos que no ganan las elecciones se convierten en asesores o proveedores del Estado, es casi una regla no escrita en política”, aseguró Edgar Ortiz, director del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo.

Angelina León Mateo
Propietaria de Distribuidora San Rafael

Nació el 12 de abril de 1979. En 2019, fue candidata a concejal tres en la planilla del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación) para optar a la alcaldía de Barillas, Huehuetenango. Obtuvieron 131 votos y ocuparon los últimos lugares, a pesar de ser los representantes del partido oficial en ese momento.

Esposa de Carlos Walfre Lorenzo Mont, gerente general de Distribuidora San Rafael y propietario de Distribuidora Santa Cruz. A partir de este año ambas compañías empezaron a competir en algunos eventos de Guatecompras.

“Es frecuente que los candidatos que no ganan las elecciones se convierten en asesores o proveedores del Estado, es casi una regla no escrita en política”, aseguró Edgar Ortiz, director del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo.